Las universidades españolas tienen un bajo nivel de accesibilidad para las personas discapacitadas.
La presentación del informe "Derechos Humanos y discapacidad en España. Informe de situación", refleja que, pese a los avances conseguidos en materia de accesibilidad, las universidades españolas siguen teniendo un bajo nivel de adaptación para las personas con algún tipo de discapacidad. De hecho, según el estudio, únicamente el 2% de los estudiantes discapacitados accede a la red universitaria, y, de éstos, el 40% cursa sus estudios en la universidad a distancia (UNED).
Europa Press, ValenciaSólo el 2% de los estudiantes españoles que tienen alguna discapacidad accede a la universidad y el 40% de los que realizan estos estudios superiores los desarrollan a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), debido al bajo nivel de accesibilidad de las universidades españolas, según se desprende del estudio "Derechos Humanos y Discapacidad en España. Informe de situación", presentado por su autora, Leonor Lidón Heras.En cuanto a los centros educativos ordinarios de enseñanza obligatoria, el informe concluye como principales problemas en esta etapa la falta de formación de profesionales que atiendan a los alumnos con necesidades educativas especiales, el limitado número de centros educativos accesibles así como el escaso apoyo psicológico y social que reciben los padres de hijos con discapacidad. El porcentaje de alumnos con necesidades varía de 2,47 en Primaria a 1,91 en Secundaria Obligatoria y un 0,10 en Bachiller.Sin soluciones realistasPor otro lado, también señala que los alumnos de centros educativos especiales en situación de plurideficientes gravemente afectados "no cuentan con soluciones realistas y prácticas para la transición a la vida adulta".Una vez terminados los estudios, la tasa de empleo de las personas con discapacidad se sitúa en el 28,5% frente al 62,4% de las personas sin discapacidad, siendo las mujeres las más perjudicadas. En este sentido, el 80% de las empresas de más de 50 trabajadores incumplen la ley aprobada desde 1982 por la que estas entidades deben reservar un 2% de la plantilla para personas con discapacidad.Con referencia al sistema sanitario, el estudio muestra las fuertes críticas de las que ha sido objeto la rehabilitación, ya que está orientada exclusivamente a "pacientes con déficit funcional recuperable", por lo que prácticamente existe una ausencia de tratamientos de dolencias discapacitantes y de patología o enfermedades con efectos crónicos. En otro sentido, resaltó la importancia de que los pacientes discapacitados participen, en la medida de sus posibilidades, de manera activa en la toma de decisiones durante el proceso sanitario, a pesar de que el consentimiento esté otorgado por sus representantes.Servicios públicosEn relación con la vivienda y la accesibilidad, Lirón criticó que a las personas discapacitadas se les "permite" ejecutar obras para posibilitar la accesibilidad no sólo en sus viviendas, sino también en los edificios, pero éstas "deben correr en muchas ocasiones a cargo de los afectados". En cuanto al segundo aspecto, apuntó que el 100% de los edificios públicos analizados para el estudio incumplen alguno de los criterios de accesibilidad y ninguno de los transportes públicos cumplen los requisitos mínimos, fallos que atribuyó a la falta de control de la Administración Pública.Además, el estudio analiza las barreras que las personas con discapacidad encuentran en la participación civil tanto de forma directa por cuestiones arquitectónicas como de manera indirecta. Así, Lirón subrayó también las dificultades que encuentran las personas con discapacidad en otros ámbitos como por ejemplo en el momento de adoptar o en relación con los medios de comunicación, ya que no se han desarrollado todos los mecanismos de accesibilidad para que la totalidad de los discapacitados puedan acceder a ella.A pesar de este avance, destacó que estos 3,5 millones de discapacitados residentes en España, que suponen un 9% de la población, todavía son descritos con expresiones discriminatorias como "incapacidad o invalidez". Además, apuntó que a pesar de que se les denomina "personas con discapacidad", necesitan un "certificado de minusvalía".
Europa Press, ValenciaSólo el 2% de los estudiantes españoles que tienen alguna discapacidad accede a la universidad y el 40% de los que realizan estos estudios superiores los desarrollan a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), debido al bajo nivel de accesibilidad de las universidades españolas, según se desprende del estudio "Derechos Humanos y Discapacidad en España. Informe de situación", presentado por su autora, Leonor Lidón Heras.En cuanto a los centros educativos ordinarios de enseñanza obligatoria, el informe concluye como principales problemas en esta etapa la falta de formación de profesionales que atiendan a los alumnos con necesidades educativas especiales, el limitado número de centros educativos accesibles así como el escaso apoyo psicológico y social que reciben los padres de hijos con discapacidad. El porcentaje de alumnos con necesidades varía de 2,47 en Primaria a 1,91 en Secundaria Obligatoria y un 0,10 en Bachiller.Sin soluciones realistasPor otro lado, también señala que los alumnos de centros educativos especiales en situación de plurideficientes gravemente afectados "no cuentan con soluciones realistas y prácticas para la transición a la vida adulta".Una vez terminados los estudios, la tasa de empleo de las personas con discapacidad se sitúa en el 28,5% frente al 62,4% de las personas sin discapacidad, siendo las mujeres las más perjudicadas. En este sentido, el 80% de las empresas de más de 50 trabajadores incumplen la ley aprobada desde 1982 por la que estas entidades deben reservar un 2% de la plantilla para personas con discapacidad.Con referencia al sistema sanitario, el estudio muestra las fuertes críticas de las que ha sido objeto la rehabilitación, ya que está orientada exclusivamente a "pacientes con déficit funcional recuperable", por lo que prácticamente existe una ausencia de tratamientos de dolencias discapacitantes y de patología o enfermedades con efectos crónicos. En otro sentido, resaltó la importancia de que los pacientes discapacitados participen, en la medida de sus posibilidades, de manera activa en la toma de decisiones durante el proceso sanitario, a pesar de que el consentimiento esté otorgado por sus representantes.Servicios públicosEn relación con la vivienda y la accesibilidad, Lirón criticó que a las personas discapacitadas se les "permite" ejecutar obras para posibilitar la accesibilidad no sólo en sus viviendas, sino también en los edificios, pero éstas "deben correr en muchas ocasiones a cargo de los afectados". En cuanto al segundo aspecto, apuntó que el 100% de los edificios públicos analizados para el estudio incumplen alguno de los criterios de accesibilidad y ninguno de los transportes públicos cumplen los requisitos mínimos, fallos que atribuyó a la falta de control de la Administración Pública.Además, el estudio analiza las barreras que las personas con discapacidad encuentran en la participación civil tanto de forma directa por cuestiones arquitectónicas como de manera indirecta. Así, Lirón subrayó también las dificultades que encuentran las personas con discapacidad en otros ámbitos como por ejemplo en el momento de adoptar o en relación con los medios de comunicación, ya que no se han desarrollado todos los mecanismos de accesibilidad para que la totalidad de los discapacitados puedan acceder a ella.A pesar de este avance, destacó que estos 3,5 millones de discapacitados residentes en España, que suponen un 9% de la población, todavía son descritos con expresiones discriminatorias como "incapacidad o invalidez". Además, apuntó que a pesar de que se les denomina "personas con discapacidad", necesitan un "certificado de minusvalía".
No hay comentarios:
Publicar un comentario