EDITORIAL La aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunitat Valenciana se ha visto afectada por un sinnúmero de trabas administrativas y económicas. Hasta el momento han sido recurrentes las quejas por los retrasos en las valoraciones y la adjudicación de las correspondientes ayudas. De hecho, la Comunitat es la antepenúltima autonomía por número de resoluciones en relación con la población. Y esas demoras han provocado, como efecto colateral, un retraimiento en la petición de ayudas, hasta el punto de ser la penúltima comunidad autónoma en número de solicitudes sobre la población. Pero por si esta dilación a la hora de aplicar la ley no fuese suficiente, ahora todo parece indicar que se ha producido un parón en el pago de las ayudas ya concedidas. Según la denuncia de algunos afectados y de UGT, la Conselleria de Bienestar Social que dirige el vicepresidente Juan Cotino ha dejado de pagar los dos últimos meses, con el consiguiente trastorno para los afectados y sus familias. Y no se trata tan sólo de los inconvenientes que esta demora acarrea, sino del desánimo y la zozobra que provoca después del tiempo que les ha costado conseguir el reconocimiento de la Administración para percibir una prestación fundamental para su calidad de vida. Sean cuales sean los motivos de estos retrasos, el Consell debe solucionarlo de forma inmediata. Y no cabe escudarse en problemas de financiación una vez que el Gobierno central, en su paquete de inyección económica, ha consignado 400 millones más para las comunidades autónomas.
